Partido Ecologista

El pasado 30 de junio se realizó en lanzamiento del “Tercer Plan Quinquenal de Forestación Campesina” por la CORMA de la región del Bio Bío con la presencia del Ministro de agricultura, el director ejecutivo de la Conaf y la intendenta de la región, entre otras autoridades. Dicho plan consiste en lo esencial en distribuir 1,5 millones de plantas de especies productivas por año entre 12.000 familias de 37 comunas de la región. Los objetivos declarados de dicho plan son dos: por un lado detener la erosión de los suelos de la región y por otro favorecer a pequeños campesinos aumentando el valor de sus predios y/o permitiéndoles ingresos adicionales. Me gustaría ofrecer una segunda lectura de lo que a primera vista parece una exitosa asociación público-privada con resultados positivos para el país.

Hace ya más de 30 años, bajo el amparo del DL 701 (decreto sobre el cuál el gobierno está estudiando una prórroga, en palabras de Ministerio de Agricultura) que se inició la plantación masiva de especies foráneas de rápido crecimiento, principalmente especies de pino y eucaliptos. Tenemos a la vista los resultados de dicho proceso: una industria forestal potente cuyo exponente final es la industria de la celulosa, con varios miles de millones de dolares invertidos y miles de puestos de trabajo generados. Los efectos ambientales de dicha industria no son el objetivo de este análisis y sobre los cuáles la opinión pública tiene ejemplos a la vista. Me gustaría centrarme en los efectos socioeconómicos que la industria forestal ha tenido sobre el mundo rural del país.

Es cierto que esta plantación masiva de pino y eucaliptos ha permitido controlar en cierta medida los procesos erosivos a los que se han visto sometidos los suelos de la zona centro-sur del país. Sin embargo el resultado social es bastante distinto: después de tres décadas de plantación forestal masiva los campos del país se han despoblado y los agricultores que aún quedan son igual o más pobres que antes. Por supuesto, me refiero a los pequeños agricultores de escasos recursos a quienes va dirigido el mencionado plan. Las mejoras en su calidad de vida (luz, agua potable, etc.) responden a inversión estatal directa y nada o poco tienen que ver con el gran negocio forestal.

Porque después de todo ¿qué puede hacer un agricultor después de forestar su predio? ¿Sentarse a observar el crecimiento de los árboles?¿Trabajar en un par de raleos y podas durante 25 años?. Creer que los pequeños propietarios pueden forestar una porción de su predio, supuestamente las quebradas y pendientes, y vivir tradicionalmente del resto es no conocer la realidad del pequeño campesinado donde muchas veces los predios son sólo quebradas y pendientes. Las alternativas que se le presentan entonces al campesino son básicamente dos: emigrar hacia los pueblos o reconvertirse en trabajador forestal. A veces ambas. Como el negocio forestal es a largo plazo y los pequeños campesinos no pueden esperar 25 años para obtener ganancias lo que a menudo ocurre es que terminan vendiendo sus predios a las empresas forestales, los mismos que hoy le regalan las plantas de pino y/o eucaliptos. Negocio redondo. Y es así como llegamos al escenario actual: zonas completas en manos de empresas forestales, casi completamente deshabitadas, con pequeños asentamientos rurales de ex-campesinos, ahora sin tierra, que trabajan para las mismas empresas forestales.

Si bien el argumento de la erosión es verdadero, la forestación no es la única solución. La causa última del nivel de erosión que se observa en gran parte del país son décadas de prácticas agrícolas erradas, muchas veces promovidas por los organismos estatales. Me refiero al uso intensivo del arado y la práctica, si no promovida al menos tolerada, de la quema de residuos agrícolas. Existen alternativas comprobadas de agricultura sin labranza y sin quema de residuos. Si tan sólo una parte de los recursos que el estado invierte en la promoción del negocio forestal se invirtieran en la promoción de técnicas de agricultura sustentable, con capacitación y transferencia tecnológica a los pequeños campesinos, otra sería la realidad. Para que esa otra realidad sea posible es para lo cuál estamos trabajando los ecologistas, una realidad en las generaciones de campesinos vivan orgullosos de y para la tierra, sin dañarla. Es por esto que sostenemos que el país no necesita una prórroga del DL 701 sino uno completamente nuevo y distinto, uno de fomento de la agricultora sustentable, para que podamos obtener un doble beneficio: nuestros suelos sanos y nuestros campesinos felices.

Esta entrada fue escrita el Domingo, 4 de Julio de 2010 a las 1:16 y archivada en Columnas de opinión. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a través del feed RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback desde tu propio sitio web.